ENTREVISTA

 

Pedro Castro, presidente de la FEMP y alcalde de Getafe.

“Nos hemos comprometido a cooperar estrechamente con el Gobierno en los planes de rehabilitación  y en la puesta en marcha de suelo público para VPO”

 

 

Pedro Castro, alcalde socialista de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha sido uno de los primeros en reunirse con la ministra de Vivienda Beatriz Corredor. Tras su encuentro, el representante de los Gobiernos Locales ha manifestado la intención de colaborar con el ministerio en diversos ámbitos.

 

 

Como presidente de la FEMP, uno de sus principales retos quizá sea la reforma de la financiación de los ayuntamientos, hasta ahora fundamentada en gran parte por la construcción. ¿Qué proyectos tiene en este sentido?

Debo decir, en primer lugar, que la reforma de la financiación local no es una cuestión vinculada a la situación del sector de la construcción, sino una reclamación que los Gobiernos Locales vienen haciendo desde hace muchos años, junto con la otra reclamación ya casi histórica de que se les reconozca su papel dentro del Estado. Por tanto, desliguemos del todo el problema de la crisis del sector de la construcción de la necesidad acuciante de abordar de una vez por todas la reforma del sistema de financiación, cuyo proceso, desde la FEMP, queremos que se aborde de forma simultánea con el proceso de reforma de la financiación autonómica.

Los Gobiernos Locales pedimos estar a la misma altura que las Comunidades Autónomas en la mesa de negociación, al mismo nivel institucional y con la misma capacidad de decisión, por eso pedimos estar presentes con plenos derechos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En segundo lugar, entendemos que es preciso mejorar la participación de los Gobiernos Locales en los Ingresos del Estado (PIE) y que, al mismo tiempo, se desarrolle el sistema de participación de los Ayuntamientos en los Ingresos Tributarios de las Comunidades Autónomas. Y por supuesto, este nuevo sistema debe contemplar la financiación de los servicios que prestan los Ayuntamientos, sin tener competencias ni recursos reconocidos para costearlos. Estamos hablando de un gasto que ronda el 30% del total de los gastos municipales y que supone algo más de 7.000 millones de euros al año, destinados a cubrir necesidades ciudadanas de primera mano como la seguridad, la protección civil, la educación o la sanidad, o que afectan a colectivos tan sensibles como las personas ancianas, los niños o los inmigrantes.

Por último, queremos que se haga una revisión de los recursos tributarios propios, sobre todo con la intención de mejorar su gestión y eficacia, pero no para incrementar la presión fiscal sobre el ciudadano. En todo caso, la idea es acercar la fiscalidad local a la evolución de otras variables económicas como la renta y el consumo, o dicho de otro modo, profundizar en una tributación basada en el principio del beneficio.

 

¿Cree que existe un desequilibrio en el reparto de fondos públicos entre administraciones? ¿En qué lugar se encuentran las administraciones públicas? ¿Cuál es su objetivo como presidente de la FEMP?

No es que lo crea, es que es así; por eso reclamamos que a los Gobiernos Locales se les reconozca la mayoría de edad y por eso apostamos, desde la responsabilidad y la lealtad que hemos demostrado en todos estos años, que el nuevo sistema de financiación garantice la suficiencia financiera del mundo local y que su correcta aplicación de como resultado una mayor participación de los Gobiernos Locales en el gasto público, situado ahora entorno al 13%, igual que en 1979. Ya es hora de que esto ocurra.

 

Ahora que la construcción no pasa precisamente por su mejor momento, ¿cómo está afectando esta situación a las arcas de los ayuntamientos?

Está afectando, sin duda, pero sólo en términos relativos y con unos efectos que pueden notarse más en determinados municipios en los que ha habido un gran desarrollo urbanístico en los últimos años. Tenga usted en cuenta, por ejemplo, que los ingresos que reciben de media los Ayuntamientos por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), sólo representa un 5% del total de ingresos. Así que, en contra de lo que se dice mucho por ahí, la situación del sector de la construcción no es tan determinante, al menos para el conjunto de los Ayuntamientos. Con esto no digo, insisto, que en algunos casos sí pueda ser un problema para arcas municipales, pero lo que sí digo es que si existiera ya un sistema de financiación local eficaz y acorde con la realidad actual, esos problemas serían más fáciles de solucionar.

 

¿Tienen los ayuntamientos ahora la “obligación” de impulsar la VPO para sortear la actual situación de la construcción? ¿Cómo encaja aquí la reticencia actual de los bancos para la financiación?

Los Ayuntamientos queremos impulsar la construcción de vivienda de protección oficial no sólo para ayudar a solucionar la situación de ese sector, sino principalmente porque queremos que se cumpla el objetivo constitucional de garantizar una vivienda digna y en condiciones asequibles a todos los ciudadanos, especialmente los que más lo necesitan, como es el caso de los jóvenes. Por eso, desde la FEMP estamos propugnando un gran pacto nacional sobre vivienda, en el que participen todos los sectores implicados, incluidos los promotores.

Si todo esto trae consigo que haya más viviendas a un precio asequible, pues me parece muy bien, porque nuestro objetivo fundamental es eliminar las barreras para que se cumpla el principio constitucional de facilitar el acceso a la vivienda. Y mejor aún, además, si con ello se ayuda a mantener la actividad económica y el empleo de ese sector.

Por lo tanto, de lo que se trata es de unificar esfuerzos para este buen fin común. Nosotros queremos que haya más vivienda protegida y los promotores que no se paralice la actividad constructora y las ventas. En todo caso, nuestro compromiso no es sólo con los promotores, sino principalmente con el Gobierno, para facilitar el suelo público necesario para que ese objetivo se cumpla.

En cuanto al segundo tema al que alude, esas supuestas reticencias deberán superarse en el marco de ese gran acuerdo nacional al que antes he aludido. Precisamente, el Estado se ha comprometido a solucionar los problemas financieros que existen hablando con las entidades financieras y, en especial, actuando a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

 

¿Qué le parece la propuesta de los promotores, con Guillermo Chicote a la cabeza, de crear una modalidad intermedia de vivienda entre la VPO y las promociones privadas?

Esa tipo de modalidad intermedia ya existe y no hace falta crearla; en todo caso, ajustar las condiciones de precio y financiación a las necesidades reales de la demanda y, sobre todo, con la vista puesta siempre en que la decisión que se adopte no perjudique a los que se pretende ayudar, es decir, a los ciudadanos que buscan una vivienda.

 

Hablemos de la ley del suelo. Ésta ha hecho especial hincapié en el papel de los ayuntamientos para con la transparencia y la participación ciudadana; además de tener la intención de evitar las actuaciones especulativas. ¿Cuál es su opinión sobre el nuevo texto?

La Ley del Suelo introduce importantes cambios en materia urbanísticas y garantiza el desarrollo de nuestros municipios de acuerdo con los principios inspiradores de la ley: transparencia, sostenibilidad ambiental, social y económica en las decisiones urbanísticas. Esta Ley es una de las herramientas básicas puesta en marcha por el Gobierno para impulsar la construcción de vivienda protegida y garantizar el acceso a una vivienda digna.

Además, la Ley ayuda a que los Alcaldes y Alcaldesas utilicen el urbanismo para hacer ciudad y facilitar la vida de ciudadanos, en un escenario de convivencia e integración desde la diversidad cultural, social y económica. Porque no se trata sólo de impulsar la construcción de viviendas, sino también de incorporar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y promover la agilidad en los procesos administrativos, con la máxima transparencia.

 

Usted ha hablado de nuevos métodos para facilitar el acceso a la vivienda como, por ejemplo, subvencionar a los compradores ¿Podría explicar más en profundidad esta idea?

En España existe un hábito de compra que difiere bastante del resto de Europa. Por eso, más que la subvención a esta modalidad de acceso a la vivienda, creo que las Administraciones competentes deberían fomentar más el hábito del alquiler. En esta última Legislatura,  el Gobierno ha puesto en marcha medidas para ayudar a los más jóvenes facilitando el acceso a la vivienda en alquiler, cuidando el arrendamiento durante un periodo determinado de tiempo, a través de la Sociedad Pública Española de Alquiler.

 

Durante la campaña electoral, el PSOE prometió 150.000 viviendas protegidas ¿Se ha puesto el nuevo gobierno en contacto con la FEMP para habla de la disponibilidad de suelo municipal?

El Ministerio de Vivienda y la FEMP llevan hablando y colaborando desde hace varios meses. Precisamente, la nueva Ministra, Beatriz Corredor, quiso que su primer encuentro oficial, nada más tomar posesión de su cargo, fuera conmigo, como Presidente de la FEMP, para destacar la importancia que tienen los Gobiernos Locales en el logro de los objetivos del Ministerio. Es más, la Ministra anunció su decisión de otorgar mayor representación a la FEMP en la Conferencia Sectorial de la Vivienda. 

En esa reunión, nos comprometimos a cooperar estrechamente con el Gobierno en los planes de rehabilitación de los cascos históricos de las ciudades y en la puesta en marcha de suelo público para la promoción de viviendas de protección oficial. Nosotros nos hemos comprometido a realizar, con la Entidad Pública Empresarial de Suelo SEPES, sendos estudios sobre el suelo público disponible en los municipios que deseen participar en el Plan y sobre la demanda real de vivienda protegida.

Un primer paso será la identificación de las bolsas de demanda de vivienda pública insatisfecha en las ciudades y pueblos del país. Sobre esa base, la Dirección General del Catastro, en colaboración con la FEMP, suministrará la información catastral necesaria sobre los terrenos de titularidad municipal que tienen los distintos ayuntamientos. Una vez recopilada esa documentación, se cruzará con los datos de planeamiento urbanístico de los que dispone el Ministerio de Vivienda. Así, se podrán localizar los suelos de titularidad municipal para los que la calificación de planeamiento prevea uso residencial y en los que se podría edificar vivienda protegida.  En definitiva, tratamos de avanzar en el itinerario establecido para cumplir con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda de protección, con la construcción de 150.000 al año, dando preferencia a las zonas en las que se detecten más necesidades.